El abogado denunció que esa entidad se ha convertido en fortín político, en el que congresistas ponen a sus fichas sin importar el conocimiento jurídico.

“Lo más triste es que en el periodo de Carlos Alfonso Negret Mosquera se están nombrando personas que no son abogados, como en el Quindío, donde prescindieron de una abogada brillante y colocaron a un profesional en hotelería y el turismo”, dijo Martínez.

En su caso particular dijo que en 2016, cuando lideraba una protesta similar a la registrada hoy en las afueras del Palacio de Justicia fue abordado por el defensor nacional, Carlos Alfonso Negret Mosquera, y el defensor regional, Miguel Ángel Aguiar. “El primero me preguntó si tenía algún respaldo político. A lo que respondí que no”, explicó Martínez.

Para su sorpresa, al mes le fue cancelado el contrato de prestación de servicios.

El jurista dijo que la protesta que hoy realizaron los defensores públicos en Ibagué se hizo con temor a ser despedidos, como le sucedió a él, ya que saben que, por participar en un plantón, van a tener que enfrentarse a las humillaciones del defensor regional y a la cancelación de sus contratos.

“El maltrato por parte del defensor regional del Tolima, Miguel Ángel Aguiar, es cada vez más evidente. Ahora es peor porque el concurso que se inventó la Defensoría que vale seis mil millones de pesos y busca desvincular a los que conocen del sistema penal acusatorio, como lo han demostrado desde hace más de 15 años. El concurso es ilegal porque a un contratista nunca lo llaman a presentarse a un concurso”, agregó Martínez Sandoval.

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Según el jurista, este concurso tiene tintes políticos porque el defensor nacional, Carlos Alfonso Negret Mosquera, está abonando el terreno para poner fichas políticas y además modificó los requisitos para ser defensor regional.

Maltrato a los defensores

El abogado penalista Hugo Martínez dijo que es evidente el maltrato por parte del defensor regional, Miguel Ángel Aguiar. “Amenaza a los abogados de manera constante y les dice que, si no hacen lo que él dice, manda un informe a Bogotá para que no les renueven el contrato”.

Además, relató que el defensor regional del Pueblo hizo trabajar sin contrato durante dos meses a los abogados de programas no penales con la amenaza de que, si no iban a laborar, no los contrataban.

Además indicó que el defensor regional fue denunciado por persecución laboral al desvincular a un defensor público cuya compañera sentimental es familiar de Aguiar. “La sacó de manera fulminante de la Defensoría por problemas de carácter familiar”, sostuvo el abogado Hugo Martínez.

Además, denunció el caso del abogado Róbinson Vera, a quien no se le renovó el contrato en el Tolima pero que fue vinculado en otra regional. “Aguiar montó una persecución en su contra y lo hizo sacar de allí”, sostuvo Martínez.

Finalmente, recordó que la norma es clara al señalar que un defensor público no puede tener más de 45 procesos a su cargo, pero que los obligan a hacerse cargo de 400 procesos, y que desde hace tres años los defensores públicos no reciben un aumento en sus honorarios.