Por: Edgardo Ramírez Polanía

El Consejo Nacional Electoral que conocí cuando desempeñé el cargo de Secretario General de la Registraduría Nacional del Estado Civil en 1995, es bien distinto al actual. No es un problema de época, sino más profundo, originado tal vez en las actitudes que alteran el criterio normal sobre los hombres y las cosas, sobre los hechos y sus categorías, de manera que ese mundo conceptual, dibujado por las palabras, aparece extrañamente fantasmagórico, situado por fuera de la cotidiana y precisa realidad de condiciones y circunstancias que aparecen con la inversión de los valores.

Los Consejeros Electorales en ese tiempo no tenían escoltas y sus funciones se limitaban a aprobar el presupuesto y en época electoral, conocer de las reclamaciones de los elegidos por los distintos partidos y movimientos. No eran magistrados ni adelantaban investigaciones contra los Presidentes de la República. Actualmente la suerte del jefe de Estado y del país, depende de un funcionario que no es su juez natural porque no tiene funciones jurisdiccionales, ni conoce la ciencia del Estado, como acontece con el señor Álvaro Hernán Prada, investigado por la Corte Suprema de Justicia y “magistrado” del Consejo Nacional Electoral que investiga los topes de la campaña del presidente Gustavo Petro.

No son pocos los colombianos designados para una posición alta, mediana o modesta en servicio del Estado, que no cedan a la fácil tentación que les presenta el dominio de la publicidad, la vanidad o la arbitrariedad.

Se dirá que es un derecho y, además, una obligación para con sus compatriotas, que el funcionario con poder revele sus planes, comunique sus opiniones como lo hace el señor Álvaro Hernán Prada, al expresar que existen “Magistrados al servicio del comunismo, velan por dar derechos a la izquierda recalcitrante y corrupta (sic)”. Esta afirmación de Prada se refería al Consejo de Estado por su decisión de anular la destitución de Petro de la Alcaldía de Bogotá.

 “Las Farc han manifestado, al igual que sus amigos Cepeda, Petro y Gustavo Bolívar que su principal objetivo es meter preso a Uribe ( sic)” (2018)

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Es decir, este señor Prada manifiesta su odio públicamente contra Petro porque piensa distinto y representa un partido de izquierda en gran parte del país y al gobierno.

Nadie discute el derecho de disentir. Pero no haciendo público su odio que carcome el alma de la nación.

Muchos personajes colombianos o candidatos a personajes, han tenido como una de sus causas de eficientes funcionarios, el desdén por quienes no piensan igual, con el uso del mecanismo de la propaganda desplegada en torno de las intenciones, las palabras, los pensamientos y las obras de esos mismos personajes, convertidos, con la temeraria y dichosa colaboración de ellos mismos, en estrellas fijas y cotidianas de la actualidad que es acabar con el contrario no con ideas sino con el insulto y la arbitrariedad para quedar bien con su jefe político.

Esos mismos que no han permitido que actos de corrupción se hayan investigado como ocurrió con haber enviado el expediente, del ex presidente Juan Manuel Santos, ese si, con asuntos penales al Consejo Nacional Electoral en sus dos campañas  2010 y 2014  que enfrentó una investigación por topes y aportes de la firma Odebrecht y que recibió esa campaña un millón de dólares de la firma de publicidad Sancho BBDO en época de elecciones presidenciales y su proceso en el 2018, fue archivado de manera unánime por el CNE y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara porque según los investigadores no encontraron ningún indicio.

Lo mismo hizo en la Fiscalía General el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, quien había sido inmediato colaborador del ex presidente Juan Manuel Santos. Por esa época el ex presidente  Ernesto Samper Pizano, manifestó: “todas las campañas, no sólo la mía, fueron penetradas por narcotráfico o corrupción”.

La campaña presidencial del ex Presidente  Iván Duque Márquez, también se libró en el año 2018 que el Consejo Nacional Electoral encontrara irregularidades no obstante las denuncias de Aida Merlano  que a esa campaña había entrado 6.000 millones de pesos no reportados.

Es difícil saber de dónde provienen esas actitudes. El origen dicen algunos historiadores nuestros puede encontrarse en la herencia española que nos inclina fatalmente a la clásica confusión de las categorías.

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Un especie de daltonismo espiritual y sensorial nos impide  la percepción real y verídica del mundo, donde los hechos y los hombres  tienen una cierta y determinada realidad, una cierta y determinada dimensión, una cierta y determinada categoría, las cuales, sin embargo, escapan a nuestra visión intelectual como tales, como datos únicos y exactos, de suerte que sin poder hacer pie firme en ellos, sin verlos ni percibirlos que obran correctamente, nos hace construir con el material de nuestra pasión y entendimiento una fantasía de una sucesión indefinida de pequeños o grandes monstruos o dioses que se mueven con libertad desvergonzada en la nación expectante de  razones no esclarecidas.

El Consejo Nacional Electoral debe respetar el principio del Juez Natural. Al Presidente de la República sólo lo puede investigar y sancionar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por los motivos expresamente definidos en la Constitución Nacional.

Debemos respetar la jerarquía de las normas si queremos un país en paz que es un elemento esencial de la convivencia de los pueblos, así piensen diferente o al revés, quienes se consideran equívocamente que son los portadores de la ley, la moral y las buenas costumbres.