Durante este jueves 4 de octubre se realizaron en el Palacio de Justicia las audiencias de incidente y reparación contra Amaury Blanquicet y el exgerente del IMDRI, Carlos Heberto Ángel.

Estos procesos tienen como fin el resarcir los daños causados en el contrato de consultoría 237 del 2013 para los escenarios deportivos.

“El propósito es que indemnicen al IMDRI con alrededor $3.500 millones de pesos por los recursos que se pagaron como producto de las dádivas, sino también el daño emergente incurrido al municipio”, dijo Rodolfo Salas, abogado asesor del Instituto Municipal para la recreación y el Deporte de Ibagué, IMDRI.

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Aunque dicho proceso se encuentra en etapa de practica de pruebas, se debe tener en cuenta que el IMDRI a través de sanciones administrativas y contractuales ha logrado recuperar más de $ 16 mil millones a los contratistas inmersos en este desfalco. Cabe recordar que este dinero ya se encuentra en las cajas del Municipio.

Por otro lado, es preciso mencionar que a la representación de víctimas del municipio llegó la contestación de un derecho de petición que realizó la Fiscal Cuarta delegada ante el Tribunal Administrativo del Tolima, en la cual se logró que se le reembolsará al Municipio la suma *de $ 70 millones de pesos, * dinero recuperado en el marco de la investigación y condena en contra del ex secretario de Infraestructura, Jorge Pérez, por el direccionamiento de los diseños del estadio Manuel Murillo Toro.

“Esperamos en menos de un mes contar con este dinero que se suma a la alcancía que el Municipio ha venido recolectado producto de este desfalco a los ibaguereños, el cual será reinvertido para la construcción de los nuevos escenarios que esta administración espera dejarle a la Ciudad”, agregó Salas.

El IMDRI también recuerda que se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones penales del Parque Deportivo a fin de accionar la recuperación de recursos frente al desfalco y los perjuicios causados en los contratos de obra.

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También se destaca la recuperación de $450 millones de pesos en el caso del ex secretario de Hacienda, Oswaldo Mestre y $37 millones en el caso de Carlos Alberto Ramirez Quintero frente a las interventorías de los Juegos Nacionales.