Luego de una audiencia de imputación que se extendió por más de 10 horas en el Palacio de Justicia de Ibagué, el Juez Sexto Penal con Función de Control de Garantías finalmente cobijó con medida de aseguramiento en la Cárcel de Picaleña, al ex secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Alberto Pérez Díaz, a los abogados Leonardo Antonio Bastidas y Raúl Jaramillo Navarro, y al administrador de empresas y funcionario de la actual administración municipal, John James Perdomo, quienes habían sido capturados por estar implicados en una serie de irregularidades cometidas durante el desarrollo de las obras de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro.

En la diligencia, la Fiscalía le imputó a Jorge Alberto Pérez los delitos de concusión, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación; de igual manera, al abogado Leonardo Bastidas Mahecha le fueron imputados los delitos de concusión en calidad de coautor, interés indebido en la celebración de contratos en la calidad de coautor; así mismo, al abogado Raúl Navarro Jaramillo, le fueron imputados los delitos de concusión, interés indebida en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, los tres en calidad de coautor.

Igualmente, a John James Perdomo, quien actualmente se venía desempeñando como funcionario en la oficina de cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda Municipal, le fueron imputados los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos, ambos en calidad de coautor. Pese a la imputación hecha a estos cuatro individuos que participaron en serias irregularidades durante la remodelación del estadio Manuel Murillo Toro, ninguno de ellos aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Es de recordar que en la primera parte de la audiencia, realizada el pasado jueves, la Fiscal Delegada señaló al ex Secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Alberto Pérez, de haber salido beneficiado por medio de un tercero que habría hecho las veces de intermediario (cobrando un cheque por 70 millones) entre él y un ingeniero contratista identificado como Rigoberto Rugeles.

Según la delegada fiscal, el ingeniero Pérez tenía pleno conocimiento de su actuar ilícito y aun así continuó exigiendo dinero a Rugeles, tanto así que autorizó una adición de algo más de 110 millones de pesos, consiguiendo con esto aumentar su patrimonio económico y ayudando con la prórroga solicitada en la que recibió su parte.

"Con su conducta Jorge Alberto Pérez Díaz, tenía capacidad de comprender lo que hacía y como supervisor del contrato 053 del 2013, tenía que apartarse de todo tipo de coima porque sabía que era un delito. Los hechos ocurrieron en Ibagué en el trámite precontractual del concurso de méritos del contrato y la adjudicación del mismo", agregó la Fiscalía.

Por otra parte, llama poderosamente la atención que durante la sustentación de la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscal Cuarta Delegada, esta hizo especial énfasis en una serie de llamadas interceptadas a Leonardo Bastidas, cuyos audios fueron revelados en la audiencia y mediante las cuales el sujeto solicitaba a algunos amigos que hablaran con el Representante a la Cámara, Carlos Edward Osorio, para que intercediera e influenciara a la Fiscal 22 Seccional, Claudia Chalarca Celis, aprovechando la aparente cercanía que existe entre esta y mencionado congresista. (Ver: Los tentáculos políticos con el desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué)

Es de recordar también que ya el pasado jueves se llevó a cabo una audiencia igual de extensa, en donde le fueron imputados varios delitos al ex secretario de Infraestructura y a su vez a Jorge Alexander Pérez, más conocido "El Chatarrero", el polemico  contratista de la unidad deportiva de la 42, quien finalmente fue enviado anticipadamente a la Cárcel de Picaleña, junto con uno de los ex asesores del IMDRI.

Así las cosas, todos los siete capturados esta semana por estar implicados en irregularidades cometidas durante el desarrollo de las obras de los escenarios deportivos, más exactamente las del estadio Manuel Murillo Toro, fueron enviados a la Cárcel de Picaleña.  (Ver: A siete en total se elevó el número de capturados este miércoles, por el desfalco de Juegos Nacionales en Ibagué)

Es de anotar que al término de la audiencia, los abogados defensores de los imputados, apelaron la decisión del juez; sin embargo, el togado mantuvo en firme la decisión de cobijarlos con medida de aseguramiento en centro penitenciario.