No es la primera vez que sucede esta situación, en el Centro de Servicios del Palacio de Justicia, pues afronta una crisis por falta de elementos para su trabajo como papel, cds para grabar audiencias, tintas para los tonners, deterioro en los computadores y discos duros, ya que los existentes se dañaron y se requiere con urgencia grabar todas las audiencias.

La secretaria del Centro de Servicios del sistema penal acusatorio, Anyela Rocío Blanco Tribín, dijo que actualmente son 23 juzgados que se están viendo afectados por la carencia de este material.

Además, en el Centro de Servicios sólo se cuenta con una impresora, que es utilizada por los 35 empleados de esa oficina, con el fin de imprimir unos 1.500 oficios diarios, pero a esta se le dañaron unas piezas, las cuales no han sido arregladas, por lo que ya no se está imprimiendo, dijo la funcionaria de la rama judicial.

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La situación se ha vuelto caótica porque en los juzgados tampoco se puede imprimir, y por ahora sólo se tiene una impresora pequeña que es la que se utiliza para la asignación de los jueces de control de garantías y la otra con la que se hace el reparto diario a los Magistrados de la sala penal.

Por otra parte, los escribientes sacan a diario 40 citaciones de un solo juzgado para audiencias. En cuanto a los títulos judiciales no se están imprimiendo porque se deben sacar tres copias por cada uno de ellos, dijo Anyela Rocío Blanco Tribín. Pero lo más lamentable es que los mismos trabajadores de la rama judicial deben sacar de sus bolsillos para comprar los elementos de papelería.

No es la primera vez que se presenta esta crisis, y la mayoría de las seccionales también están atravesando por la misma situación.

Los derechos de petición deben ser impresos en las casas de los trabajadores, igualmente las ordenes de captura, los habeas corpus, al igual que las boletas de libertad, no se han podido imprimir, por lo que es muy preocupante.

Se espera que a nivel nacional la rama pueda superar con una inyección presupuestal para aliviar la situación que se evidencia y que afecta al Sistema Penal Acusatorio, del cual dependen 23 juzgados penales de Ibagué.