El juzgado 11 Administrativo oral del circuito de Ibagué, admitió la demanda que formuló el abogado Wilson Leal Echeverry en acción popular, contra el municipio y el Concejo de esta ciudad, porque en el proceso de imposición del gravamen del impuesto predial, el cabildo estableció una tarifa indeterminada para dicha obligación tributaria.

Con esto además se violó la ley 1450 que establece un límite del 25 por ciento en el incremento del impuesto predial, cuando quiera que hay una modificación de las tarifas.

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El municipio de Ibagué deberá pronunciarse acerca de la medida cautelar que solicitó al demandante en los próximos 20 días y posteriormente el despacho entrará a decidir acerca de la suspensión provisional del cobro.

Dentro de los derechos colectivos de los ciudadanos está el de proteger a los consumidores y usuarios, especialmente a los contribuyentes del predial de Ibagué, quienes se han visto vulnerados, con ocasión al acuerdo 027 de 2018 y al facturar el impuesto para la vigencia del presente año.

Así mismo el abogado solicitó disponer para la protección de los referidos derechos colectivos en las siguientes medidas:

Que el cobro del impuesto predial para la vigencia fiscal 2019, se lleve a cabo con sujeción a un monto a cobrar, determinado con toda precisión por la autoridad pública local competente, con el lleno de las exigencias constitucionales y legales que eviten la indeterminación de la tarifa del impuesto y la cuantía de la exacción.

Que se disponga de un comité de verificación de las decisiones adoptadas, integrado por el Personero de Ibagué, el alcalde de Ibagué, El Contralor del Municipio de Ibagué, el Defensor del pueblo y el Actor Popular.

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Además, condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

El demandante solicitó al despacho como medida cautelar, ordenar a la Secretaria de Hacienda suspenda el cobro del impuesto predial para la vigencia de 2019, a los inmuebles ubicados en el área urbana del municipio de Ibagué, hasta tanto el Concejo, proceda establecer en el marco de su competencia, los actos administrativos para que se fije de forma determinada el monto del impuesto predial para la presente vigencia.