Con el objetivo de garantizar la calidad, continuidad y cobertura en la prestación del servicio público de acueducto, la Alcaldía de Ibagué expidió el Decreto 0566 de junio de 2017 mediante el cual se establece la revisión de aspectos técnicos en cada uno de los acueductos comunitarios del perímetro urbano.

De acuerdo con el Decreto, el acompañamiento técnico será realizado por la Secretaría de Planeación y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL. También habrá acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

El Decreto 0566 de 2017 se aplica únicamente para las licencias en predios que no hayan sido urbanizados y que además sean áreas servidas por acueductos comunitarios.

Además de ello, el Decreto contempla la revisión de las condiciones técnicas exigidas a urbanizadores para la conexión y suministro de estos servicios públicos. También se establecen parámetros para los procedimientos de supervisión sobre la ejecución de obras de redes locales y secundarias.

De igual modo, el Decreto reglamenta los procedimientos de control, cobro y recaudo para garantizar la autosuficiencia del servicio y los instrumentos aplicados para la micro-medición del consumo de agua y costo real del servicio.

“El Decreto se fundamenta en la Ley 388 de 1997, en donde se establece que se debe propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; en este caso, el propósito es preservar la vida y la salud de los ibaguereños”, dijo Héctor Cervera, secretario de Planeación Municipal.

Y añadió: “Igualmente, en la Ley 142 de 1994 se establece como competencia de la Administración Municipal el asegurar la presentación eficiente de servicios domiciliarios”.

 
Cervera también manifestó que la suspensión de seis meses para el trámite, estudio y aprobación de licencias de urbanización solamente aplica para aquellas que alleguen disponibilidad inmediata de servicios públicos de acueducto y alcantarillado expedido por prestadores diferentes al IBAL.

“En visitas con el señor Alcalde hemos encontrado que existen hogares que pagan igual que una fábrica o edificio por el servicio de acueducto comunitario. Estamos buscando la eficiencia en la prestación de servicios sin lesionar los derechos a ningún constructor o urbanizador”, sostuvo Cervera.

Igualmente, la Secretaría de Planeación realizará control de legalidad a todas las licencias de urbanización sobre las cuales se haya aportado la correspondiente disponibilidad inmediata de servicios públicos de acueducto y alcantarillado.