En un rocambolesco acto de malabares se convirtió este martes 30 de mayo, la audiencia pública de rendición de cuentas de la Universidad del Tolima (UT).

El evento que estaba convocado para la sede centro (carrera 5a. con cale 10 de Ibagué) en horas de la mañana, las directivas al notar la presencia de estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad, quizá no afectos a sus directrices ni línea política, en forma inesperada y apresurada trasladaron la reunión de la sede de Chaparral, lo que causó malestar y suspicacias entre los asistentes quienes no entienden el extraño proceder del rector Omar Mejía y sus directivos por haber tomado esta decisión.

Esta situación ha generado otro acto de protesta y de rechazó por parte de los estamentos universitarios, a los procederes fuera de lógica de las directivas del principal centro de enseñanza superior del Tolima, hasta el punto que un  grupo de estudiantes de distintas facultades se tomó desde el día anterior la sede centro y al momento de escribir esta nota, permanecían en las oficinas. Los ocupantes de este inmueble solicitan una reunión conjunta con todos los estamentos universitarios para darle una solida a la crisis que atraviesa la UT y que se prepare nueva fecha para la fallida rendición de cuentas que no se pudo realizar este martes.  

Lo sucedido ayer es un ingrediente más que se agrega a los desaciertos que ha tenido la actual dirección del Alma Mater, para darle salida a los problemas que hace casi un año se comprometió solucionar cuando fue nombrado en forma interina por un año Omar Mejía. La crisis financiera, administrativa  y ahora se le agrega la académica, siguen intacta intactas y profundizándose.

Al parecer la solución que ofrecen las directivas de la UT es una guerra de comunicados e informes sin sustentación real, trasladándole el problema a la anterior administración de José Herman Muñoz, sin tener en cuenta que seis de los actuales integrantes del Consejo Superior formaban parte de esa misma administración y que por ende están comprometidos hasta la médula en la crisis, incluyendo al rector Mejía que oficiaba como Secretario General. El resto son los representantes de la Presidencia, el ministerio de Educación, los gremios, exrectores, directivas y estudiantes. En consecuencia aquí opera la sentencia popular de nuestros mayores: "La misma perra con distinto soga".

Siempre hemos sostenido que la crisis de la universidad pública es estructural, pero que en la UT se agravó desde la rectoría de Héctor Villarraga, donde se nombraron más de 300 personas sin previos estudios y, lo peor aún, sin un presupuesto real para responder por ese numeroso incremento de la planta de personal. Varios exrectores que hoy pasan de agache en la crisis y que continúan teniendo injerencia en la universidad son también responsables de lo que ocurre.

Píldoras para la memoria de UT

El siguiente es un análisis que nos hace nuestra fuente Garganta Profunda que nos recuerda aspectos del manejo financiero reciente y actual de la UT:     

"El Estatuto General de la Universidad del Tolima, Acuerdo 104 de diciembre 21 de 1993, establece en el artículo 18 las funciones del Consejo Superior. Y entre estas, el numeral 3  plantea, explícitamente, que es función de este órgano de dirección  “Aprobar y evaluar el presupuesto anual de la institución, a propuesta del Rector, y con la previa consideración y recomendación   que de él haya hecho el Consejo Académico” (resaltado y subrayado fuera de texto).

Por otra parte, al revisar los Acuerdos del Consejo Superior mediante los cuales se aprobaron los presupuestos para las vigencias 2013, 2014 y 2015 (documentos que se encuentran en la página web de la institución) se observa que aparece un ingreso por 11.978 millones correspondiente a la deuda de la gobernación por las vigencias 2010 y 2011.  Recordemos que el Tribunal del Tolima obligó al departamento a pagar estas transferencias que nunca se hicieron en el primer gobierno de Barreto. Adicionalmente, en las Actas de las reuniones del Consejo Superior donde se aprobó cada presupuesto aparece que todos los integrantes de esta corporación aprobaron el presupuesto para las vigencias mencionadas. Esto indica que el Consejo Superior  si tenía conocimiento de la inclusión de esta partida en los ingresos.  El rector actual también conocía esta situación porque él como Secretario General firmó los Acuerdos y las Actas mencionadas.

También hemos revisado las Ejecuciones Presupuestales de Cierre de Ingresos y Gastos para las vigencias 2013, 2014 y 2015, reportadas en la página web de la UT.  En la de gastos se ve explícitamente que no se comprometieron los recursos presupuestados correspondientes a la deuda de la gobernación vigencias 2010 y 2011.   Este hecho  podría indicar que el estudio que realizó el Instituto de Univalle está incompleto y que probablemente está llegando a conclusiones erróneas.

Confirma lo anteriormente  planteado el Producto 2 Documento Estudio Técnico entregado por el Instituto de Prospectiva de Univalle, en la página 108,cuando afirma: “Es importante señalar que durante el desarrollo del estudio de rediseño no se ha logró contar con información presupuestal ni financiera oficial confiable, lo que limitó el análisis de la situación financiera real de la universidad. Prueba de lo anterior es que se remitieron tres versiones de las ejecuciones presupuestales para el período analizado, las que difieren unas de otras, lo que ha generado la realización de análisis financiero para cada una de ellas, impactando de manera directa el avance de este componente del estudio del rediseño organizacional.” Nos preguntamos: ¿Es confiable el estudio que realizó la Univalle? ¿Se justificó pagar 520 millones para que recomendaran lo que ya se sabía?: reversar la cuestionada política laboral ¿Se han contrastado los resultados del estudio de Univalle con los de los estudios hechos por el ministerio de Educación Nacional y las Contralorías Departamental y Nacional?"

Audio: Ángela Lorena Osorio,  estudiante UT.