El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, al comentar la decisión que tomó su administración en las últimas horas de suspender la licencia de funcionamiento a tres empresas de transporte público (Expreso Ibagué, Transportes la Independencia y Flota Cámbulos), dijo que es una consecuencia lógica derivada por el incumplimiento de ciertos transportadores a las normas que rigen esa actividad.

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El mandatario local recordó que el problema viene desde hace 11 años, cuando el expresidente  Álvaro Uribe, en 2007, escogió a Ibagué como ciudad piloto para establecer un sistema estratégico de transporte urbano, y ofreció la financiación del proyecto, pero que infortunadamente no encontró respuesta en las administraciones de ese entonces y citó los nombres de Rubén Darío Rodríguez, Jesús María Botero y Luis H. Rodríguez, quienes por cumplir compromisos políticos, desestimaron la oferta y dejaron rezagada a la ciudad en materia de desarrollo de transporte urbano, cuando ciudades como Pereira, Manizales y Bucaramanga, entre otras, le tomaron la delantera y aceptaron la oferta del gobierno de entonces.  

"Ahora, simplemente le estamos poniendo orden al caos existente desde hace años al servicio de transporte público. Nos casamos de solicitarles y reunirnos con los empresarios para realizar un proyecto conjunto, pero hasta el momento ha sido imposible", dijo el alcalde, quien añadió: "Por eso, nos vimos en la obligación de tomar esta decisión (suspensión de las licencias) que no es definitiva, porque ellos pueden corregir y acudir a los mecanismos de ley, para llegar a un acuerdo".

El funcionario también recordó que por las calles de Ibagué rueda un parque automotor  viejo y obsoluto con más de 12 años de uso permanente, que se ha convertido en un agente contaminar porque la mayoría de vehículo utilizan el diésel uno de los combustibles más contaminantes, que convierte a las busetas en cocinas ambulantes; además de la escasa o nula reposición del parque automotor.

Sobre la saturación de vehículos de transporte masivo en la ciudad, Jaramillo, manifestó que: "Existen más de mil  busetas cuando solo se necesitan 600, registrándose con ello, no solo pérdidas para sus propietarios sino contribuyendo a la congestión de la ciudad".

Al responder sobre el supuesto despido de unos 300 conductores en virtud a las medidas tomadas, el alcalde señaló que eso no es cierto, porque la mayoría de propietarios (unos 800) tienen una buseta y que la minaría tienen el resto que son quienes mandan en las empresas y los verdaderos responsables de obstaculizar la modernización del transporta público de Ibagué. "Además, las empresas tienen un plazo de seis meses para cumplir los requisitos y pueden seguir operando, mientras se soluciona definitivamente el problema", puntualizó el mandatario.  

Como es de conocimiento público, un buen sector de propietarios y transportadores está de acuerdo con el mandatario local en buscarle una solución al desorden en la ´prestación del servicio de busetas en Ibagué, y apoyan la iniciativa de establecer el sistema estratégico de transporte urbano como lo plantea el gobierno nacional.

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En este marco, el alcalde Jaramillo, se reunirá en las próximas horas en Cartagena con la ministra Ángela María Orozco y luego con el presidente Iván Duque, para tratar lo relacionado el documento Conpes del Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué, cuyo valor se estima en cerca de cuatro mil millones de pesos.

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Finalmente, el alcalde de Ibagué, criticó a las empresas de busetas que no rinden cuenta a sus afiliados sobre los recursos que estas reciben para reposición y chatarrización que nunca aparecen por ningún lado. "Se aparecen a ciertos los acueducto comunitarios donde cobran y reciben, pero no entregan cuentas y nadie sabe qué pasa con los dineros", puntualizó el funcionario.