Actualmente en el Departamento del Tolima pueden existir unas 2.800 personas que aparecen en el registro de la Unidad para las Victimas como desaparecidas, de acuerdo con coordinador de la misma Carlos Iván Rubio.

Dijo que los datos a nivel nacional aparecen que en el Tolima unas 170 mil personas han declarado la desaparición de sus seres queridos, más una declaración administrativa que se tiene sobre los hechos.

Las circunstancias obedecen a situaciones del conflicto armado, por eso las cifras que posee el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses son aún más altas.

La cifra entregada dijo el funcionario datan de 1985, aunque precisó que son más los casos de desaparición forzada y otros delitos. Los desaparecidos en un 90 por ciento son población civil, campesinos y jóvenes.

La ley de Víctimas y restitución de tierras cuenta con once hechos victimizantes, entre ellos la desaparición forzada, desplazamiento forzado que se da en un 84 por ciento en el departamento igualmente, el secuestro, violencia sexual, reclutamiento de menores, y homicidio, entre otros.

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Actualmente hay 14.000 víctimas indemnizadas por diferentes hechos en el departamento, la Unidad para las Victimas espera reparar antes de terminar este año unas 16 mil víctimas.  Se trabaja en zonas de influencia veredal ubicadas en Icononzo y Planadas con jornadas y se viene adjuntando la documentación requerida para reparar unas 159 víctimas más.

Los autores de estos hechos, expresó Carlos Iván Rubio, son grupos al margen de la ley como las Farc, el ELN y los paramilitares.

Señaló que en abril entregaron más de 1.600 millones de pesos para esas reparaciones y para las indemnizaciones de esas zonas veredales dónde se entregarán cerca de 10 mil millones de pesos, otorgados por el Gobierno nacional.

A cada familia de víctimas por desaparición forzada se les entregará cerca dinero equivalente a 40 salarios mínimos legales vigentes, en desplazamiento forzado está entre 17 y 27 salaros mínimos legales vigentes y por violencia sexual son 30 salarios mínimos legales vigentes. Estas sumas se van pagando de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que tenga el gobierno.

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“Con La Fiscalía y la Policía venimos trabajando, haciendo la entrega de restos humanos a 19 familias provenientes de los municipios de Rovira, Cajamarca e Ibagué, con un acompañamiento especial porque que es lo que determina la ley”, señaló Carlos Iván Rubio.

La Unidad de víctimas con el acuerdo de la Habana se pondrá al frente de las investigaciones sobre personas que aún están desaparecidas.

“Pese al proceso de paz nos preocupa que se siga presentado desplazamiento forzado en el departamento. Puntualmente en zona rural de Rovira dónde 4 familias fueron objeto de amenazas por grupos al margen de la ley”, señaló “que son reductos de las FARC que quedaron en la zona, de acuerdo con los informes de las autoridades”.

Agregó el funcionario que en este momento hay zonas de alto riesgo, dónde nuevamente han hecho presencia esos grupos como son Rioblanco, Planadas, Ataco y Chaparral, cuyo informe fue entregado por la Defensoría Regional del Pueblo”, igualmente el Cronista.co conoció que en esa zona están circulando panfletos amenazantes contra defensores de los derechos humanos.

En esta conmemoración de las víctimas por desaparición forzada, María Eunice Hernández con lágrimas en sus ojos, declaró que sus dos hijos, ambos militares, entre ellos Carlos Alberto Barragán Hernández  desapareció el 5 de enero de 1997 en Cartagena de Chairá, departamento del Caquetá, cuando se desplazaba  con un soldado y un suboficial, y desembarcando de una lancha y al tomar un carro los bajaron unos hombres de las FARC llevándoselos por orden de Fabián Ramírez, luego los asesinaron y jamás pudo recuperar su cuerpo. Su otro hijo también suboficial corrió con la misma suerte al año siguiente en Granada, Meta.

Añadió que “hasta el momento no se sabe nada y que lo que me podría consolar es tener los restos de sus seres queridos”. Anotó que la fiscalía le hizo una versión con un excombatiente quien confesó que él fue el autor material del asesinato de su hijo Carlos, pero que no quiso revelar dónde se encontraban sus restos.

Finalmente expresó que la Fiscalía no la ha vuelto a llamar y espera tener conocimiento dónde están ellos para así tenerlos, aunque sean muertos, junto a ella.