Andrés* es un contratista de la gobernación del Tolima, por estos días ya está más relajado porque su cuenta de cobro con compromomisos hasta el 31 de diciembre están cumplidos y se encuentra ya en Tesorería lista para giro. 

En diálogo con El Cronista.co, Andrés nos indicó que todos los años es la misma cosa, los tres primeros meses generalmente pasan de agache cumpliendo funciones pero sin remuneración y en agosto o septiembre cuando hacen nuevamente la renovación también se pierden unos días, a veces hasta el mes o dos meses.

Al hacer el inventario del año, Andrés trabajó los 12 meses a razón de un millón 800 o dos millones de pesos, así en la cuenta de cobro de los siete meses que cobra aparezca un giro de 2 millones 800 mil pesos aproximadamente. 

Pero Andrés tiene el mismo problema que los más de 250 mil contratistas por prestación de servicios. Muchos de ellos reiteran una y otra vez a los funcionarios de carrera: Por ser contratistas, por tildarse de ser del grupo del actual mandatario no tienen el mismo derecho en el trato humano. 

Andrés quien reserva su apellido por las represalias a las que pueda enfrentarse coge su salario y empieza a realizar la deducción del mes como son la retención y retica, el pago de seguridad social y el pago porcentual de las estampillas, aunque esta obligación se realiza antes de firmar el acta de inicio.   

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De acuerdo al economista Simón Gaviria en su columna semanal en el diario La República, nuestro país ocupa el segundo lugar como más costoso en América Latina en formalización laboral, en donde se incluyen parafiscales, otros impuestos y el tiempo para legalizar un contrato. 

“Para efectos de ilustración, un trabajador con contrato de prestación de servicios le retienen más de 25% de sus ingresos. Esto sin incluir pagos de pólizas y estampillas. Si se suman impuestos de renta o predial, resulta confiscatorio para un profesional responsable de IVA que al final del día le quede menos de 50% de lo facturado.”
El ejemplo de Gaviria es sencillo, una persona con honorarios de $10 millones, al final resulta ganando menos de $5 millones. Por eso muchas veces se necesitan contratos con altos costos para poder suplir todas esas necesidades que en últimas aumentan la brecha de inequidad y fortalecen la corrupción desde el mismo clientelismo.  

Andrés ya habló con su jefe político y le manifestaron que continúa el otro año, aunque quizás lo trasladen de cartera. Ahora solo pide celeridad en la contratación, aunque no lo pueda decir a todo pulmón porque puede tener consecuencias su petición.