El abogado y ex defensor público José Gabriel García Rueda, presentó ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Nacional, mediante el cual se demanda la ley 24 de 1992, la ley 941 del 2005 y decreto 24 del 2014.

Ello, dado que son inconstitucionales y hacen referencia a la defensoría pública y las formas de vinculación laboral de los abogados, por cuanto contrarían y desconocen las normas superiores.

El abogado García Rueda le manifestó al Cronista.co que en estos momentos la totalidad de los defensores públicos en el país no son nombrados, tan sólo se les está haciendo contratos de prestación de servicios a tres meses, obligándolos a pagar una póliza, sin seguridad social, prestaciones, vacaciones y primas, igualmente del bolsillo de los defensores públicos deben pagar su seguridad social y pensión, y hasta pagar las fotocopias de procesos que adelantan.

“La situación se ha vuelto aún más caótica debido a que el exceso de carga laboral es mayor, por cuanto a cada defensor público se les está asignando unos 200 o más procesos que deben sacar en tiempos maratónicos, abusando de su salud y atropellando así su trabajo. Y como si esto fuera poco si un defensor no asiste a una audiencia se expone a ser investigado de manera disciplinaria, mediante la compulsa de copias que expiden los jueces de la república”, dijo el togado.

Y añadió: “El maltrato es otro de los factores que se está evidenciando por parte de los Defensores Regionales en todo el país, las presiones en materia laboral, la salud, el descanso, la carga laboral se hacen mucho más evidentes y por consiguiente ningún defensor se atreve a denunciar por temor a ser despedidos de sus cargos",  dijo García Rueda.

 Igualmente, algunos defensores regionales han amenazado o coaccionado a los defensores públicos de las áreas administrativas que deben laboral gratis durante dos o tres semanas, mientras llegan los contratos de trabajo y de no hacerlo estos serían despedidos, lo cual es considerado ilegal y arbitrario.

Al día de hoy dijo el abogado, no se les ha pagado los honorarios de octubre y por esta razón algunos defensores del país han decidido renunciar en masa el 31 de diciembre.

La situación narrada también afecta a la Defensoría del Pueblo del Tolima, en idénticas condiciones que el resto del país. Consultados abogados de esta dependencia por razones de seguridad laboral, se negaron a expresar sus quejas frente a esta situación.  

Lo preocupante es que en algunas regionales se les hizo a los defensores públicos un contrato a por dos meses y posteriormente se les estaría haciendo otro a mes y medio, dado que vienen unos exámenes que realizará la Defensoría Nacional del Pueblo conjuntamente con la Universidad Nacional, pruebas que tienen un costo de más de 24 mil millones de pesos, en dónde se estaría poniendo en duda los conocimientos de abogados que llevan 15 años con la entidad y con suficientes años de experiencia en el ámbito jurídico.

En vista de una carga laboral desmedida, los malos tratos, las amenazas y el bullying evidenciado en las defensorías regionales se ha determinado adelantar el plantón del martes entrante a nivel nacional, pese al temor de algunos defensores de que si llegan a participar podrían ser despedidos de sus cargos de manera fulminante.

Ante estas condiciones infrahumanas los defensores públicos son considerados los parias del sistema, dijo el abogado José Gabriel García Rueda.

Además, en algunos casos la renovación de contratos ha sido utilizada por los coordinadores de gestión, los que deben enviar un informe mensual de su desempeño, para presionarlos con horarios de servicio, extendidos hasta 18 horas al día y con una carga laboral exagerada, además con la amenaza de hacer efectiva la póliza de cumplimiento que deben suscribir.

No se entiende como la Defensoría Nacional teniendo un presupuesto anual aprobado, ofrece contratos de prestación de servicios tan cortos y con una carga laboral y en condiciones infrahumanas, dijo el abogado y ex defensor público.

Finalmente expresó el abogado que la Corte Constitucional tiene un término para responder de 120 días , ante la demanda interpuesta, sin contar el periodo de las vacaciones judiciales que se avecinan a partir del 14 de diciembre, en dónde los despachos judiciales volverán a reanudar sus labores el 8 de enero de 2019 . 

En vista del sombrío panorama, es evidente que se avecina el colapso del sistema penal acusatorio en el país porque el defensor público es el principal protagonista de esto, señaló García Rueda.