En un comunicado de orden nacional, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema   Judicial Colombiano (Asonal Judicial), observó con preocupación los escándalos que se han desatado al interior de las altas cortes por su actuar, y que están envolviendo en un manto de duda no sólo a quienes las dirigen sino a protagonistas, generando un resquebrajamiento del andamiaje constitucional y la afectación grave al Estado.

Para el caso del nombramiento de la Magistrada Cristina Lombana Velásquez, por parte de la Corte Suprema de Justicia,      que actualmente ostenta el grado de Mayor del Ejército Nacional, pese haber sido apartada de sus funciones en la jurisdicción penal militar, se está violando la ley estatutaria de la administración de justicia, en su artículo 151, en la que señala que hay incompatibilidad para ejercer cargos en la rama judicial, cuando se es miembro activo de la fuerza pública.

Su nombramiento no ha sido bien visto porque no puede estar cruzado por intereses, señala el comunicado firmado por el presidente de Asonal Judicial, a nivel nacional Luis Fernando Otálvaro Calle, además no existen garantías de imparcialidad para adelantar delicadas investigaciones que le han sido encomendadas como la del expresidente Álvaro Uribe, por lo que debe apartarse de las mismas.

Para el caso que envuelve al fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, dice el documento que el funcionario viene siendo objeto de señalamientos por parte de sectores políticos de su imparcialidad  para la investigación de algunos casos, que comprometen a grupos económicos y financieros del país, los cuales desarrollan  proyectos de infraestructura vial, concretamente  la firma constructora Odebrecht y por estar íntimamente ligado  con el grupo Corficolombiana, en la que su firma fungía como asesor jurídico.

Ahora se conoce que el ingeniero Jorge Enrique Pizano deja unas grabaciones y documentos en los que señala al Doctor Martínez Neira como conocedor de algunas anomalías, en desarrollo del contrato de construcción de la Ruta del Sol, en dónde al parecer se desviaron cuantiosas sumas de dinero, lo que deja al descubierto actuaciones y comportamientos que generan dudas de quien hoy dirige el ente investigador.

Y agrega el documento del orden nacional que estos dos casos son evidencias de cómo intereses particulares, cooptan el poder público y especialmente la administración de justicia para defender dichos intereses.

Por consiguiente, Asonal Judicial ha señalado que el ejercicio judicial debe ser expresión de la carrera judicial y no de componendas para favorecer unos pocos y por lo tanto se debe hacer una verdadera reforma para que no se siga lesionando el poder judicial en Colombia.

(Puede leer el comunicado completo de Asonal Judicial)